Los obispos católicos de República Dominicana han manifestado su preocupación ante lo que consideran un uso inadecuado de los centros de salud públicos como espacios de control migratorio. En una reciente declaración pública, exhortaron a las autoridades a garantizar el acceso universal y sin restricciones a los servicios de salud, independientemente del estatus migratorio de quienes los requieran.
El comunicado se emite mientras aumentan las quejas sobre inspecciones migratorias llevadas a cabo en hospitales nacionales, donde personal de la Dirección General de Migración supuestamente ha interrogado o arrestado a individuos extranjeros en situación irregular, especialmente de origen haitiano. Los obispos argumentan que esta acción contraviene los principios básicos de humanidad y cuidado digno, y podría desalentar a personas en situaciones de vulnerabilidad de buscar asistencia médica por miedo a ser deportadas.
Los obispos alertaron sobre el peligro de transformar el sistema de salud en un instrumento para controlar la migración, ya que su propósito principal es brindar atención a los necesitados, protegiendo la vida y el bienestar de la población. “No se debe permitir que los hospitales se conviertan en lugares para arrestar o deportar a personas que a menudo llegan en situaciones de gran desesperación”, afirmaron en su declaración.
En este contexto, insistieron en que toda política pública debe priorizar el respeto por los derechos humanos, especialmente cuando se trata de la salud, considerada un derecho básico e inalienable. Recordaron además que la Iglesia Católica, a través de su acción pastoral y social, ha acompañado históricamente a poblaciones migrantes, promoviendo una cultura de acogida y solidaridad.
El llamado de los obispos se da también en el marco de una coyuntura tensa en las relaciones entre República Dominicana y Haití, agravada por la persistente crisis política y humanitaria en el país vecino. Esta situación ha llevado a un aumento en los flujos migratorios hacia territorio dominicano, lo que ha generado respuestas diversas desde el Estado, incluyendo medidas de reforzamiento fronterizo y políticas de deportación más estrictas.
Ante esta situación, los dirigentes de la iglesia destacaron que es responsabilidad del Estado salvaguardar sus límites territoriales y organizar sus estrategias migratorias, sin comprometer los derechos esenciales de las personas. Afirmaron: «Nadie debe ser privado de su dignidad ni sufrir discriminación por su origen, estatus legal o lengua». Además, añadieron que «la seguridad genuina se edifica al respetar la vida y garantizar condiciones mínimas de humanidad».
Además, hicieron un llamado a las autoridades para revisar y garantizar que los protocolos de actuación en hospitales y centros de salud no comprometan la atención médica ni generen temor entre la población migrante. Solicitaron al mismo tiempo a los profesionales de la salud que mantengan su compromiso ético y humanitario, priorizando siempre la atención integral de los pacientes por encima de cualquier otra consideración.
La declaración episcopal también incluyó una invitación a la sociedad dominicana a no dejarse llevar por discursos de odio o xenofobia, que —según expresaron— sólo contribuyen a la polarización social y al deterioro del tejido comunitario. Enfatizaron que el respeto mutuo, la compasión y el sentido de justicia deben prevalecer en toda convivencia social, especialmente en momentos de dificultad y tensión.
Finalmente, los obispos confirmaron su compromiso de cooperar en la creación de políticas inclusivas que refuercen la cohesión social y favorezcan el desarrollo completo, dentro de un contexto de justicia, solidaridad y responsabilidad colectiva. Subrayaron que la migración no debe ser considerada como un peligro, sino como un fenómeno humano que requiere respuestas integrales, equilibradas y basadas en el respeto a la dignidad de cada individuo.
