El Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Contrataciones Públicas han emitido una directriz conjunta para fortalecer la sostenibilidad en las licitaciones de obras estatales, enfocándose en el uso responsable de agregados como arena, grava y piedra.
Mediante una circular oficial, ambas instituciones establecieron que, al momento de definir los pliegos de condiciones de contratación, deben incluirse cláusulas que garanticen la trazabilidad y la extracción legal de estos materiales. Queda exigido que los oferentes presenten la autorización ambiental vigente de la empresa proveedora antes de firmar cualquier contrato, validando que cuenta con los permisos necesarios según las normativas ambientales en vigencia. En caso de que la empresa se encuentre en trámite para obtener su licencia, deberá exhibir documentación que acredite el estado de su solicitud, incluyendo resoluciones provisionales si las hubiere. Esta medida responde a la aplicación del Decreto 617-22, que declara de interés nacional la promoción de las compras públicas verdes.
El ministro de Medio Ambiente enfatizó que esta política responde a las demandas institucionales de los ciudadanos, aludiendo a la necesidad de actuar con transparencia, integridad y rigor en las adquisiciones públicas. En tanto, el titular de Contrataciones Públicas afirmó que «cada compra pública con criterios ambientales constituye una inversión en el futuro del país», situando la sostenibilidad como un pilar clave en el diseño de las obras públicas.
Además, la circular incorpora especificaciones técnicas derivadas del anexo 3 de la Política de Compras Públicas Verdes. Estas pautas establecen criterios sostenibles que deben ser considerados dentro de los elementos técnicos de los pliegos, incentivando parámetros como la gestión eficiente de recursos, la reducción del impacto ambiental y la promoción de prácticas responsables por parte de los adjudicatarios.
La medida tiene un alcance amplio, aplicándose a todas las instituciones estatales que liciten obras, con el objetivo de coadyuvar a la lucha contra la extracción ilegal de materiales. Se espera que esta normativa contribuya también a preservar los recursos hídricos y los ecosistemas, incentivando una cultura de cumplimiento legal y de respeto al medio ambiente.
