Un reciente análisis sobre la gestión de riesgos en obras de infraestructura ha puesto en evidencia una seria vulnerabilidad en el patrimonio del Estado: más del 90 % de las infraestructuras públicas no cuenta con una póliza de seguro que las proteja ante eventos como desastres naturales, accidentes o siniestros. Esta carencia representa no solo un riesgo financiero elevado para el Estado, sino también una amenaza para la continuidad de servicios esenciales como transporte, salud, educación o energía.
La información, divulgada por autoridades del ámbito financiero, señala una histórica falta en la política pública de protección de activos. De acuerdo con datos recopilados por organismos gubernamentales, solo una fracción muy pequeña de las edificaciones y equipos financiados con recursos públicos está protegida con seguros que cubran daños o pérdidas totales.
Obras millonarias sin cobertura
En el inventario de infraestructura estatal figuran escuelas, hospitales, carreteras, puentes, edificios administrativos y plantas eléctricas, muchas de las cuales han sido construidas con recursos públicos que alcanzan cifras multimillonarias. No obstante, pese al alto valor de estos activos, la mayoría opera sin respaldo financiero en caso de contingencias.
Especialistas en finanzas públicas alertan que esta situación expone al país a riesgos innecesarios y podría comprometer su capacidad de respuesta ante eventos catastróficos, como huracanes, terremotos o inundaciones, fenómenos cada vez más frecuentes por el cambio climático. En ausencia de una póliza, la reposición de estructuras dañadas o destruidas recaería completamente en el erario, lo que podría generar crisis presupuestarias, retrasos en obras y afectaciones a la población usuaria.
Deficiencia en la cultura aseguradora dentro de las instituciones
Entre los factores reconocidos para entender esta situación se encuentra la falta de una cultura de seguro en las entidades gubernamentales. En numerosas ocasiones, los empleados encargados de gestionar proyectos no contemplan en sus planes financieros el gasto en seguros o no reconocen su importancia. Además, se añade la carencia de regulaciones que exijan incluir sistemas de aseguramiento como parte indispensable en el desarrollo o contratación de proyectos públicos.
Aunque en otros países cercanos es habitual que las iniciativas de infraestructura cuenten con seguros desde la fase de construcción hasta su funcionamiento, en esta situación, la seguridad de los bienes públicos se ha tratado de manera reactiva y dispersa, sin una planificación firme que contemple los costos del riesgo a lo largo del tiempo.
Ideas para una resolución estructural
Ante esta situación, organizaciones dentro de la industria de seguros han solicitado al gobierno el establecimiento de regulaciones que aseguren el aseguramiento obligatorio de las infraestructuras públicas. También sugieren la creación de un fondo nacional de seguros o la implementación de sistemas de cobertura paramétrica que faciliten una indemnización expedita en situaciones de desastre.
Asimismo, se ha sugerido la inclusión de cláusulas de seguro en todos los contratos de obra pública como condición indispensable para su aprobación. Esto implicaría una revisión profunda de los manuales de contratación pública, así como capacitaciones a los responsables de los procesos de licitación y ejecución de proyectos.
Posible efecto en la economía y la capacidad de recuperación del país
Los riesgos derivados de la falta de aseguramiento van más allá del daño físico a las construcciones. La interrupción de servicios básicos por pérdida de infraestructura tiene efectos sociales y económicos considerables, afectando la productividad, el bienestar y la confianza en las instituciones. Además, sin un plan de contingencia respaldado por seguros, la recuperación posterior a un desastre puede ser lenta, costosa y desigual.
Proteger la infraestructura pública no solo significa resguardar activos físicos, sino también asegurar la continuidad de derechos esenciales. En situaciones de mayor vulnerabilidad climática, los seguros surgen como un recurso fundamental para la resiliencia gubernamental, facilitando una respuesta más rápida y eficiente en caso de emergencias.
En este sentido, diversos actores coinciden en que avanzar hacia una política de aseguramiento integral del patrimonio público debe convertirse en una prioridad nacional. El costo de no hacerlo podría resultar mucho más elevado que el de una cobertura adecuada y oportuna.
