El período extraordinario de sesiones en el Congreso Nacional terminó con la aprobación de cinco importantes leyes para el avance institucional, social y legal del país. Este ciclo especial, solicitado por el Poder Ejecutivo, propició el progreso en regulaciones que llevaban años en debate, demostrando un firme compromiso con la actualización del marco normativo y el aumento del bienestar de la ciudadanía.
Uno de los cambios más importantes fue la modificación del Código Penal, que actualiza y refuerza el sistema judicial penal. La normativa revisada define más de setenta infracciones, abarcando temas como el terrorismo, feminicidio, sicariato y otros delitos que impactan la seguridad pública. Asimismo, introduce sanciones más estrictas y especifica la responsabilidad penal de las entidades corporativas, elementos que persiguen una mejor eficiencia en la lucha contra el crimen y la defensa de los derechos esenciales.
Otra importante legislativa sancionada fue la reglamentación de los acuerdos de arrendamiento de bienes raíces, tanto para viviendas como para locales comerciales. Esta disposición impone límites a las garantías que pueden solicitar los arrendadores, estableciendo un máximo de dos depósitos con el objetivo de equilibrar las relaciones contractuales y fomentar una mayor transparencia y equidad para inquilinos y propietarios.
En materia institucional, se creó la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, una entidad encargada de descongestionar las funciones que hasta ahora recaían en la Procuraduría General de la República. Este ministerio asumirá la planificación, dirección y coordinación de políticas de justicia bajo el Ejecutivo, fortaleciendo el sistema judicial y garantizando mayor eficiencia en la administración pública.
Además, se sancionó una norma que confiere al Congreso Nacional el poder de supervisar y controlar los activos del Estado y el desempeño de los servidores públicos, incluso el del presidente de la República. Esta normativa tiene como objetivo promover la transparencia y la responsabilidad, aspectos fundamentales para afianzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y luchar contra la corrupción.
Finalmente, se sancionó la Ley de Bien de Familia, destinada a proteger la vivienda principal del núcleo familiar frente a embargos o procesos judiciales que puedan poner en riesgo el hogar. Esta norma brinda seguridad jurídica y protege a las familias más vulnerables ante posibles despojos, reafirmando el compromiso social del Estado con la estabilidad familiar.
