El gobierno de la República Dominicana ha anunciado su intención de reactivar el Pacto Eléctrico, un acuerdo nacional que busca modernizar el sistema energético del país, mejorar la eficiencia en la distribución y generación de energía, y revisar el actual esquema tarifario. La medida fue confirmada por autoridades del sector energético, quienes consideran urgente retomar el diálogo entre los distintos sectores económicos y sociales para garantizar la sostenibilidad del servicio eléctrico.
El titular de la cartera de Energía y Minas, Joel Santos, anunció que el Consejo Económico y Social (CES) será llamado en los próximos días con el fin de evaluar la situación actual del acuerdo y los compromisos aún por cumplir. Según detalló, reactivar el convenio permitirá definir una dirección más precisa para abordar los retos que continúan en el sistema eléctrico del país, como las altas pérdidas en la distribución y la necesidad de revisar los mecanismos de subsidios.
Uno de los puntos más sensibles del debate es la revisión de las tarifas eléctricas. En 2022, el gobierno decidió suspender los aumentos automáticos contemplados en el Pacto Eléctrico, como respuesta al impacto económico que ello representaba para los ciudadanos en un contexto de inflación y presión sobre el poder adquisitivo. Sin embargo, las autoridades reconocen ahora que mantener la tarifa congelada ha generado un desequilibrio financiero que limita la capacidad del Estado para sostener el subsidio sin afectar otras áreas presupuestarias.
Según cálculos oficiales, el Gobierno ha asignado más de 35 mil millones de pesos para subsidios eléctricos en el año hasta ahora, lo cual supone una carga considerable para las finanzas del sector público. Esta situación ha sido empeorada por las pérdidas tanto técnicas como no técnicas en las compañías distribuidoras, que siguen superando el 40%. Disminuir estas pérdidas es uno de los objetivos principales del relanzamiento del acuerdo.
El nuevo impulso al acuerdo también contempla otros aspectos relevantes, como la mejora en la facturación, la promoción de energías renovables, la modernización de la Ley General de Electricidad, y la implementación de sistemas más robustos de supervisión y regulación. Además, se espera que en esta nueva etapa del diálogo participen más actores sociales, incluyendo organizaciones de consumidores, representantes laborales y expertos técnicos.
El plan del gobierno prevé que el reajuste de tarifas, al retomarse, sea progresivo y esté ligado al progreso de reformas estructurales. Se anticipa la creación de indicadores que faciliten una evaluación objetiva sobre cuándo y cómo implementar cualquier cambio en los precios al consumidor, evitando impactos excesivos en los grupos más vulnerables.
Al mismo tiempo, las instancias gubernamentales laboran en diversificar la matriz de energía, promoviendo la inversión en energías renovables como la solar y la eólica, y en proyectos de almacenamiento de energía para una administración más eficaz de la oferta. Además, se planea la inclusión de nuevas tecnologías para reforzar la ciberseguridad del sistema eléctrico y aumentar la confiabilidad del servicio.
El procedimiento para revitalizar el acuerdo contemplará la entrega de un reporte técnico sobre los progresos alcanzados desde su inicio, además de sesiones de trabajo especializadas para ajustar los compromisos de acuerdo con las necesidades presentes del país. El objetivo de la administración es que la nueva fase de implementación disponga de sistemas de seguimiento más estrictos y de una participación activa de todos los sectores.
Con este relanzamiento, el gobierno espera retomar el camino hacia un sistema eléctrico más moderno, justo y sostenible, capaz de responder a las exigencias de un país en crecimiento sin sacrificar la estabilidad económica de las familias ni la competitividad del aparato productivo. La apuesta es ambiciosa, pero para muchos necesaria: sin una reforma integral, el sistema eléctrico dominicano seguiría operando con serias limitaciones y un alto costo para el Estado y los usuarios.